EL ESTADO SE RETIRA DE LA POESÍA

EL ESTADO SE RETIRA DE LA POESÍA

 

Y vuelven…

los versos perfumados con deudas contraídas

a las multinacionales del intimismo y el salón

Los mercaderes de las palabras

el pago a los buitres y no a los albatros la sangre cartonera

el cualquerismo sin fin

vuelven los museos sin próceres y sin panes

las tertulias con el rey local de Mondadori

y nada de alpargatas sí mocasines

y los malos vuelven

los muy malos no los malditos

ahora vienen a tirar balas contra la sombra de Evaristo Carriego

porque el Estado se retira de la poesía

después de no haber entrado nunca

pero si anunciarla

TALLER DE POESÍA, HIP-HOP Y RAP EN LOS BARRIOS

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ACTIVIDAD POESIA Y DERECHO DICTADA POR SERGIO SANDOVAL ARTISTA DE HIP HOP

En este taller tiene como fundamental propósito dos misiones sociales de profunda importancia:

  1. La propagación cultural de la poesía; bien universal al que todos los humanos tenemos derecho, como expresión de todas las generaciones que nos precedieron

Y las que vienen: la poesía es el suvenir histórico; una postal viviente que las generaciones, naciones y movimientos dejan a las generaciones futuras.

 

  1. La enseñanza de los derechos como escudo que sirve para proteger a las Personas y conservar su integridad de seres humanos sea cual fuera su condición espiritual, física, mental, social y económica.

 

A continuación dejare expresado cual es el plan y finalidad del taller explicando clase por clase las temáticas que vamos a trabajar:

MODULO UNO:

  1. Que es el rap.
  2. Que es el ritmo.
  • Que es la poesía.
  1. Que es la imagen.

 

MODULO DOS:          I)           Que es el derecho.          II)         poesía y derecho (fragmentos del libro de Julian Axat: Biopoetica)          III)         El rap como derecho de expresión.          IV)       técnica vocal.

MODULO TRES:

  1. Que es la estética. ( adaptaciones de Octavio Paz, Borges y María Elena Walsh)
  2. Sistemas estéticos.
  • Que es una metáfora.
  1. Introducción a la composición.

 

MODULO CUATRO:

  1. Que es la métrica.
  2. Selección de temáticas
  • Composición en grupos
  1. Grabación en estudio.

 

 

 

 

Ética y Acceso a la justicia – Por Adolfo Villate *

Ética y Acceso a la justicia – ¿Por qué son necesarias las políticas de profundización del acceso a la justicia?

Hace poco tiempo, cuando Julian Axat me invitó a participar en la inauguración del Programa ATAJO en la ciudad de Rosario, sostuve que la necesidad de su existencia venía dada, a mi criterio, por la fragilidad de los lazos de confianza de la Sociedad hacia el aparato de administración de justicia. La circunstancia de que en los barrios el más claro representante del Estado es, en general, la policía y que es allí donde mayormente el sistema penal recluta a sus clientes, hacía necesario que hubiera otras formas de manifestación de la presencia del Estado vinculado más al goce de derechos que al padecimiento del ejercicio de su fuerza, pero que además en ese camino, actuara visibilizando un interés del Estado por esas personas a las que el sistema históricamente ha dejado prácticamente en el abandono e intentando reducir la violencia implícita de tal exclusión.

Es evidente que la calidad y extención de la democracia y el Estado de Derecho se expresan y manifiestan por medio de distintas variables según el ámbito de actuación de que se trate.

En lo que refiere al ámbito de los operadores del sistema de administración de justicia penal hablar del acceso al sistema implica hablar de la extensión de los procesos democráticos al interior del mismo. Tal alcance se puede medir en función de los sujetos que pueden participar en su funcionamiento, sea como sujetos activos, entendiendo por tales a aquellos que pueden demandar una respuesta al sistema de justicia, o pasivos -los que son objeto de su acción, aquellos sobre los que posa su atención-.

Siendo ello así, puede pensarse que hay medios de reducir la cantidad de sujetos que gozan del sistema -por ejemplo, la proscripción política, la represión estatal-, y otros que tienden a ampliarla.

En cuanto hace a los sujetos activos puede sostenerse que cuanto más amplia sea la cantidad de personas que puede acceder a la posibilidad de obtener una respuesta de la administración de justicia, mayores son las espectativas y demandas que se ejercerán sobre el mismo; mayor será la exigencia de respuestas acordes de parte de todos los que acuden a su auxilio. Pero además, mayor será la necesidad de que los que solicitan una respuesta judicial conozcan el modo apropiado de acceder a la misma. En una situación ideal, podría pensarse que el sistema de justicia, la democracia y el Estado de Derecho mismo, son un juego dotado de reglas claras y determinadas y que los jugadores conocen las reglas de ese juego, pero además cuentan con el derecho a que se los informe acerca de ellas y la garantía de que esas reglas se cumplirán.

Sucede sin embargo que en realidad por razones sociales, políticas y culturales muchos jugadores que están inmersos en el juego nunca fueron claramente instruidos acerca de su funcionamiento, y muchos otros jugadores a fin de mantener su supremacía en él nunca tuvieron interés en revertir esta situación; por el contrario se aprovecharon de ella.

Aquí vemos cómo la realidad nos pone en un lugar distinto a aquel en el que debíamos encontrarnos y cómo el respeto de los derechos y garantías que implica el cumplimiento de las reglas del juego no puede darse por supuesto. Advertimos entonces la existencia de grupos de jugadores -ciudadanos- en clara inferioridad de condiciones en cuanto hace al conocimiento de cómo funciona el sistema. Para peor, en función de procesos de selectividad penal producidos de facto -que no es del caso analizar aquí-, resultantes de cualquier cosa menos de políticas criminales fijadas en función de pautas preestablecidas, resultan ser los más asiduos clientes del sistema.

El acceso a la justicia desde el punto de vista activo asume entonces un rol preponderante como agente igualador acerca del conocimiento de las reglas del juego, informando acerca de éstas, guiando a los ciudadanos menos expertos en el disfrute de herramientas con las que cuentan pero de cuya existencia desconocen, además de que el rol del acceso a la justicia implica también la visibilización de problemáticas de otros grupos de personas vulnerables, como ser pobres, minorías raciales o sexuales etc. Ese es el rol que, como dije, asumió el programa ATAJO de la Procuración General de la Nación.

Puede traducirse también el acceso a la justicia como la posibilitación, la habilitación de espacios de construcción de justicia que tradicionalmente no hubieran sido factibles, y aquí entramos en la faz pasiva del acceso a la justicia.

En nuestro país los procesos de construcción de memoria, verdad y justicia son un ejemplo claro de ello y del logro de la ampliación de la base democrática en el seno de un poder conservador del Estado que no se ha caracterizado por su apertura a generar cambios. Luis Bruchstein mencionaba recientemente en relación a esos procesos que son “…un testimonio de heridas que se elaboran como parte de un proceso social, cultural y político que puede convertir el dolor en aporte ciudadano…” y que la experiencia ética de los organismos de derechos humanos importa “…riesgos que se asumen, de costos que se pagan, de luchas siempre desiguales que se pierden y se ganan. No hay una construcción ética en el aire…”

También se inscriben en esa lógica, los procesos de inclusión en el sistema de justicia penal de aquellos que por su posición de poder se encuentran directamente vinculados a aquellos discursos que tradicionalmente hegemonizaron la cultura judicial. Los genocidas -de acuerdo a la concepción tradicional- en primer término y genocidas económicos ahora, son grupos delincuenciales que la estructuración y tipificación propia del sistema de justicia no perseguiría sino fuera por una clara y decidida política en ese sentido. Una política como esta pone en crisis y en cuestión las estructuras de poder históricas del sistema y constituye un impulso democratizante de la persecución penal en términos de sujetos pasibles de ser sometidos a él. Un ejemplo claro de esto es la labor de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Procuración General de la Nación, porque avanzó sobre la responsabilidad penal de distintas lógicas del mercado que, en el supuesto goce de una libertad mal entendida, puso en jaque a nuestra democracia y, otra vez, por sus consecuencias, se constituyó un agente reductor de acceso a la justicia.

A la justicia se accede no sólo logrando que una mayor cantidad de individuos conozca cuáles son las ventajas que el sistema les puede brindar, sino también asegurando que aquellos que en función de su posición de privilegio nunca fueron sometidos al sistema de justicia, lo sean.

El carácter ético de la promoción del acceso a la justicia como amplificación de los actores de la vida democrática, nos enfrenta a la obligación de llevar adelante banderas incómodas que por esa misma razón, requieren de una fuerte convicción.

La generación de mayor cantidad de discursos que disputen democráticamente la hegemonía constituida por medio de la inclusión de nuevos actores, no es otra cosa que la invitación a que disputen poder; en tanto esa conducta ética de generar mayor acceso activo y pasivo a la justicia constituya una posición hegemónica, lejos de encaminarnos a recortar poder democrático, las políticas en este sentido fortalecerán los procesos de acceso a la construcción de un poder mayoritario y generará las condiciones para su propio recambio.

La tradición jurídica se constituyó a partir de la eliminación de algunos factores antinómicos, de la reducción de los discursos que pusieran en cuestión al sistema. Un ejemplo de ello son los discursos que sostienen el poder de las policías como proveedores monopólicos de insumos del aparato de justicia y no logran independizarse de las agendas impuestas por las fuerzas de seguridad a las que les resulta funcional la ausencia de políticas criminales claras que se ejecuten efectivamente. No es causal que estén implicados en este asunto las dos instituciones menos tocadas de nuestra democracia: policía y justicia. Hacia ellas debemos dirigir nuestras miradas y nuestra acción.

Por todo ello, los procesos de acceso a la justicia empiezan a revelar y a trabajar sobre las deudas de la democracia, tal vez no en sentido de olvidos, sino de avances pendientes sobre capas de negación de justicia -inclusión en sentido activo-, y capas de impunidad -inclusión en sentido pasivo- sobre las que hasta el momento -por diversos factores cuyo análisis resultaría sumamente complejo realizar aquí-, se encontraban intactos. Lo contrario de olvido es memoria. Los procesos de ampliación de la base de sustentación de nuestro sentido de la democracia tiene el efecto acumulativo de sumar y construir sustratos, bases de procesos más profundos y de mayor calidad de Estado de Derecho. Conforman modos de construcción de una historia democrática, de una memoria. Empoderando a quienes desconocen sus derechos como ciudadanos sumamos personas dispuestas a sostener y defender ese camino, como único lugar en que ellos pueden seguir siendo gozados, y como modo de pasar de la lógica de suprimir la democracia para defenderla a ampliarla para que sea la sociedad la que se embandere en su defensa.-

Como dijimos, someter a las reglas del sistema a aquellos que por razones generalmente vinculadas al poder lograban zafar de ellas, constituye otro modo de acceso a la justicia. Es por ello que cobra tanta importancia el establecimiento de políticas criminales por parte del Ministerio Público Fiscal que vayan en este sentido y que logren despegarse de la agenda siempre impuesta por la realidad policial, mediática o de la selectividad propia hacia adento del aparato judicial. El nuevo sistema de enjuiciamiento penal no tendrá nada de nuevo si persiste en ser el ejecutor de esas lógicas. Se pueden sumar todos los conocimientos en materia de gestión al sistema de enjuiciamiento, pero su éxito siempre va a estar condicionado al triunfo del cumplimiento de pautas de política criminal que tengan en cuenta las posibilidades reales del sistema por sobre la imposición de la agenda diaria, mayormente dictada por las fuerzas de seguridad. Así como en la relación entre Economía y política ésta última debe tener primacía sobre la primera, la política criminal fijada por el Ministerio público Fiscal debe primar sobre la agenda impuesta por la policía, ese es el gran desafío.

Tal vez el último bastión de ese camino sea el acceso a la justicia internacional tanto en el caso de delitos propios de la competencia internacional, como en el supuesto de la posibilidad de ceder espacios de la competencia nacional cuando se trata de delitos transnacionales, como se ha esbozado en el proyecto de creación de una Corte Penal de Unasur. También esas son formas de ampliación de la base de sustentación de las democracias en tanto el resto de los estados parte asumen reciprocamente la salvaguarda de los Estados de Derecho individuales por medio de la construcción de un espacio común.

De igual modo es por ello que las políticas de acceso a la justicia constituyen un mandato ético de coherencia y sostenimiento en el tiempo, como lo demuestra por ejemplo la lucha de las Madres por el acceso a la justicia y se imbrican con la legitimidad de la justicia. Porque al menos en principio resulta poco factible que aquellos operadores del sistema que estructuraron, dieron vida, sostuvieron un modo determinado de obrar del mismo puedan ser -de no mediar un profundo cambio en la forma concebir a la administración de justicia- los que lleven adelante las banderas de una justicia nueva, más inclusiva de quienes gozan y en quienes padecen su imperio.
* El Dr. Adolfo Villate es abogado, fiscal federal gral de Rosario.

SELECCIÓN DE POESÍA PERONISTA DE COMBATE. POR JULIÁN AXAT

 

LOS CANICHES DE PERÓN

 

 

Ladran mi General

es señal

que nos reproducimos

 

 

 

ENCUENTRO ENTRE LAUTREMONT Y JOHN WILLIAM COOKE

 

 

El peronismo

debe ser hecho

por todos

 

 

TODXS LAS PATAS ENFUENTADAS

 

 

Las patas en la fuente

Las patas en la alfombra

Las patas en el cielo

Las patas en el barro

Las patas en el sótano

Las patas en el sueño

Las patas en los choris

Las patas en las visceras

Las patas en el tango

Las patas en el country

Las patas en el agua

Las patas en la fábrica

Las patas en el fuego

Las patas en las urnas

Las patas en el parquet

Las patas en la mierda

Las patas en el salón

Las patas en el trigo

Las patas en los traidores

Las patas en las masas

Las patas en los leales

Las patas en la izquierda

Las patas en el vino

Las patas en la derecha

Las patas en alpargatas

Las patas en los libros

Las patas en el hambre

Las patas en el cajón

Las patas en la verdad

Las patas en el clero

Las patas en la realidad

Las patas en la mentira

Las patas en el cadáver

Las patas en la memoria

Las patas en lo surreal

Las patas en la desmemoria

Las patas en la revolución

Las patas sobre el capital

Las patas en la Historia

Las patas de la Bonarense

Las patas del pato

Las patas en los gorilas

Las patas con olor a patas

Las patas en la sopa

Las patas en la poesía

 

 

 

PIDO GANCHO

 

 

Las raíces

se echan en el barro

nunca en alfombras

 

de lo que florece

cae en la mesa de los sueños

 

mi rancho tu beso la dicha

el que descamisa el mañana

 

 

 

 

GASTOS DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL CANDIDATO PERONISTA 2013

 

 

Entregar el barro para que Pasteur haga oro

Y la dentadura podrida brille completa en todos los carteles

Y la diferencia entre las sonrisas diga

yo, tu, ellos, nosotros, ayer, presente,

seguro, inseguro, mañana, castigo, vos, yo y el otro,

Entregar el oro para después tener que volver al barro

 

 

 

 

 

 

JUSTICIALISTASOÑADORDEABSOLUTO

 

 

 

Supongamos a un Perón obstinado obcecado

tan necio enceguecido emperrado obsesionado

discorayado inmolado empecinado

arrojado a sí mismo desde el palco como bomba

cargada de flores contra el muro de la desesperanza

 

 

 

RIMBAUD EN CGT

 

El peronismo es el hecho maldito de un país burgués

los poetas son burgueses malditos

El hecho maldito es el peronismo de un país burgués

los burgueses son poetas peronistas

El país burgués es el hecho maldito del peronismo

los peronistas son malditos poetas

El país burgués es el peronismo del hecho maldito

los malditos poetas son peronistas

El hecho maldito es el país burgués del peronismo

los poetas son peronistas malditos

El peronismo es el país burgués del hecho maldito

 

 

 

MANUAL DE CONDUCCIÓN POÉTICA

 

Los amigos de sus enemigos

son mis amigos

los enemigos de mis amigos

son sus amigos

los amigos de sus enemigos

son mis enemigos

los amigos de mis amigos

son mis enemigos

los enemigos de mis enemigos

son mis amigos

Los amigos de sus enemigos

son mis amigos

 

Lo son todos los “gatos” lo son

Todos los “gatos” en la noche son pardos

Todos los pardos son “gatos” en la noche

Todas las noches son “gatos” y pardos

Gatos y pardos son Todas noches

Pardos y Todos son los “gatos” en la noche

“Gatos” Todos los “pardos” son en la noche

Lo son todos los “gatos” lo son

 

Los leales critican

los obsecuentes traicionan

los traicioneros critican

los obsecuentes leales

los críticos obsecuentes

los traicioneros leales

los obsecuentes críticos

los leales traicioneros

los críticos leales

los traicioneros obsecuentes

los críticos traicioneros

Los leales critican

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEZ PUNTOS BASICOS PARA UNA FUTURA LEY PENAL JUVENIL NACIONAL

DIEZ PUNTOS BASICOS PARA UNA FUTURA LEY PENAL JUVENIL NACIONAL – COMISIÓN DE INFANCIA “JUSTICIA LEGÍTIMA”[1]

Los diez puntos que siguen a continuación, y que no constituyen un proyecto de ley, intentan establecer los contenidos de una futura ley penal juvenil, que – tarde o temprano- deberá sancionar el Congreso Nacional, sustituyendo al decreto de facto 22.278. La idea de la Comisión de Infancia de Justicia Legítima, ha sido la de establecer un conjunto de propuestas o disparadores, que una vez consensuados pueda dar, finalmente, con una estructura normativa acorde a los preceptos constitucionales, convenciones y tratados de derechos humanos suscriptos con otros países y que hacen a la infancia, y con el fin de evitar condenas de tribunales internacionales , las que por otro lado obligaron a nuestro país a sancionar una nueva ley penal en la materia que derogue el decreto ley n° 22.278.

  1. La ley penal juvenil y la responsabilidad internacional del Estado Argentino. El interés de la reforma se funda en la necesidad de establecer un régimen penal juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia (conf. CoIDH, en el caso “Mendoza”). Para ello la ley penal juvenil debe inscribirse en el marco de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la Nación Argentina, en los tratados ratificados e incorporados al art. 75, inc. 22 de ese mismo cuerpo legal – en especial en la Convención Internacional de los Derechos del Niño/a y Adolescente (Ley nacional n° 23.849) -, en las llamadas Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los Menores privados de la libertad, Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas no privativas de la libertad, así como también toda otra normativa internacional que se dicte en adelante y que conforme el bloque de reglas de Derechos Humanos.
  2. La nueva ley de responsabilidad penal juvenil derogará en forma inmediata el decreto/ley n° 22.278 y ley 22.803. Una ley penal juvenil acorde a los estándares mencionados en 1) importa necesariamente desterrar (al menos, normativamente) el complejo tutelar y separar definitivamente las cuestiones de los NNyA en conflicto con la ley penal de aquellos que se encuentran en situación de vulneración de derechos (esto es, cuestiones no penales);
  3. No criminalización de las vulneraciones de derechos de la infancia. La ley penal juvenil deberá contener la expresa prohibición de judicializar cuestiones que no importen imputaciones de delitos. Es decir, partir de la nueva ley no deberán judicializarse casos con niños/as y adolescentes por el solo hecho de sufrir vulneraciones en su situación socio – económica y ambiental. En estos casos deberá tomar intervención inmediata el servicio local encargado de la promoción y defensa de los derechos del niño, niña o adolescente, los que deberán funcionar en todas las jurisdicciones del país al momento de su entrada en vigencia, y con el fin de actuar positivamente a favor de su interés superior, conforme lo establece la ley n°26.061 de orden público nacional, más allá de la omisión legal de los órganos locales.
  4. No criminalización por debajo de la edad de punibilidad que fije la ley y averiguación de la verdad. La nueva ley debe establecer un tope etario de responsabilidad penal, que debe funcionar como garantía ante el poder punitivo. A criterio de esta Comisión, la ley no debería bajar la edad de punibilidad fijada en 16 años. En todo caso, quienes propician dicha baja deberían dar argumentos teóricos y empíricos para justificar la ampliación de la intervención penal, de manera de no afectar el principio constitucional de no regresividad. La ley debe ser terminante y expresa en cuanto a la prohibición de la intervención penal de los no punibles y determinar que la única posible ante estos casos es el sistema de protección de derechos bajo todas las garantías de ley. No obstante lo dicho, la declaración de no punibilidad, no impedirá nunca el normal desarrollo del proceso en busca de la averiguación de la verdad.
  5. Privación de la libertad como excepción y por plazo breve. Principio de judicialización de la ejecución de penas. La ley de responsabilidad penal juvenil debe cristalizar el mandato constitucional, por vía de la CDN (art 37 y 40), donde se establece que la privación de libertad es excepcional y en su caso por el tiempo más breve que proceda. Debe contener a la libertad como regla y un tope claro de duración de la privación de esta, incluso en su forma cautelar, la que en principio se sugiere que no exceda los 6 (seis) meses improrrogables (tiempo máximo de duración de una prisión preventiva). Se deberá establecer un régimen/órgano judicial especializado y diferenciado de ejecución/control de todas las sanciones, más allá de la edad que alcance el joven durante su ejecución. La ley debería contemplar la creación de dispositivos penales juveniles de modalidad cerrado, semi cerrado y abiertos, como distintas opciones y alternativas para la ejecución de las sanciones.
  6. Ejecución progresiva y morigerada de la privación de libertad. Necesidad de fundar la sanción de mayor restricción y tabulación de sanciones conforme proporcionalidad. Las sanciones que prevea la ley de responsabilidad juvenil solo podrá ser aplicada una vez que sea declarada la responsabilidad penal de un jóven por sentencia firme. La sanción de privación de la libertad bajo régimen cerrado será utilizada solo como excepción, debiendo ser fundada en razones suficientes por las que se demuestre que no pueda reemplazarse por una sanción diferente o alternativa de menor restricción de derechos, que no impida el goce de la libertad.
  7. La ley penal juvenil deberá establecer salidas alternativas a los procesos penales, sin excepciones de delitos. Tope de penas. En la nueva ley penal juvenil deberán priorizarse las medidas alternativas al proceso judicial penal, tales como la conciliación, mediación, la remisión del conflicto y la suspensión del proceso a prueba, entre otros; siempre con un sentido reparatorio y de menor estigmatización que implica siempre toda persecución penal. En su mayor y mejor utilización deberán estar comprometidas todas las partes del procedimiento judicial y en pos del mejor interés del niño/a y/o adolescente. A diferencia de los procesos de adultos, no deberán haber delitos excluidos de este tipo de salidas alternativas. Por imperativo de la CDN, la nueva ley debe tener un catálogo de sanciones alternativas a la mera privación de libertad, por eso el eje de la ley debe tender a este catálogo en el entendimiento de la especial función que debe cumplir el sistema penal juvenil. En todos los casos, incluyendo los de privación de la libertad, deberá respetarse el principio de proporcionalidad de la sanción. Se sugiere que la pena más alta no exceda los 7 (siete) años, aun en los casos de concursos de delitos.
  8. Defensa irrestricta, especializada e integral de los derechos y garantías de la infancia frente al sistema punitivo. Deberá asegurarse la presencia de la defensa técnica especializada e integral del niño/a o adolescente desde la primer intervención policial y durante todo el proceso penal, que no se agotará con el dictado de la sentencia, sino con la penalidad misma, en su caso. Deberán resguardarse en todo momento la defensa de los principios y garantías que devienen de la Constitución y los tratados, en función del interés superior del niño.
  9. Oportunidad reglada y discrecional. Desjudicialización. Prohibición de la abreviación de los procesos penales juveniles. La nueva ley deberá fijar supuestos (enunciativos) en los que el/la fiscal y/o el juez/a podrán hacer uso del principio de oportunidad procesal. El principio de insignificancia será una guía de desjudicialización en los procesos donde, a juicio fundado de los jueces y fiscales, no exista lesividad y afectación. Se tratará de evitar, en todo momento, la judicialización de casos. En relación a los juicios abreviados, entendemos que estos resultan ser contrarios al interés superior del/la adolescente acusado/a de cometer un delito, ya que son compulsivos y no se condicen con el proceso de responsabilidad penal que debería contener la nueva legislación.
  10. Principio de Especialidad sustantivo. La ley debe estar atravesada por el principio de especialidad de todas las instancias (art 40. 2 CDN). Debe garantizar un sistema verdaderamente especializado. De los operadores, del procedimiento, de los dispositivos, en lo posible incluyendo a las fuerzas de seguridad públicas, siempre acorde al respeto a los derechos humanos.

[1]    La Comisión de Infancia de Justicia Legítima está compuesta por los Dres. Julián Axat, Mirta López Gonzalez, Damian Muñoz y Gustavo Caruso.

HAMBLET HUBIERAS

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Hamlet hubieras

Un viernes lluvioso en Buenos Aires el entonces Secretario de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, de quien yo era asesor, me pide que lo acompañe a la presentación de un libro de poemas de Rosa María Pargas (militante y poeta desaparecida durante la última dictadura militar en Argentina). La presentación de ese libro de poemas de Pargas estuvo a cargo del joven poeta (abogado e hijo de desaparecidos) Julián Axat, que dirige –mientras se desempeña como abogado en los juicios de derechos humanos de Argentina- una colección de poesía (Libros de la Talita Dorada) dedicada a publicar a poetas (abogados, economistas, como Jorge Money, economista y poeta) desaparecidos o hijos de desaparecidos. „Nosotros –como abogados- no somos mercenarios, somos poetas“, dijo Julián en la presentación del libro, „y como poetas (como abogados poetas, no como abogados burócratas, no como „abogados mercenarios“) podemos y debemos construir un Derecho mejor, nuevo, un Derecho diferente, más justo“. Más poético. Un Derecho que se involucre más con la poesía, un Derecho que hable el lenguaje que hablan los poetas, (y no el lenguaje evasivo que hablan los abogados); poetas como Jura Soyfer, como Celan, como Juan Gelman. Un Derecho que crea que la poesía puede aportar en la formación de los abogados una visión más crítica, más „subversiva“ („la literatura es subversión“, afirma Marta Nussbaum en su libro Poetic Justice, también Derrida en su conferencia Ante la ley, que recupera un cuento de Kafka, cuando habla de una „juridicidad subversiva“ presente en la literatura, sostiene que hacer literatura es hacer „subversión“; precisamente de eso eran –fueron, y son- tachados los poetas argentinos desaparecidos durante la dictadura militar argentina: de ser „subversivos“, de ser poetas-abogados –como Luis Elenzvaig, o economistas poetas, como Jorge Money, a quien Julian le dedica su poema más importante- dedicados a promover la „subversión“, de ser jovenes „politizados“ y “subversivos“, dedicados a promover –con sus escritos poéticos revolucionarios, „irresponsables“, críticos de la injusticia reinante en la sociedad- la „subversión“ política) Denunciar la desigualdad es ser „subversivo“. Denunciar la injusticia, la pobreza, la marginalidad, (los aun vigentes campos de exterminio que existen en el mundo) es hacer „subversión“ de un orden. Por eso el sistema –como recuerda Apollinaire- arrincona y anula a los poetas. („Hay que apurarse. Mañana ya no habrá ninguna poesía. Mañana ya no habrá poetas“). Porque la poesia no es inocente ni es políticamente „neutral“, la poesía promueve la „subversión“ de un orden estatuido. Promueve la „subversión“ de unos valores y de unas palabras. La poesía es –debe ser- „subversiva“. Los jóvenes abogados poetas –argentinos, hijos de desaparecidos, como Axat- no hacen poesía „por amor al arte“, sino por amor al cambio, a la crítica, a la „politización“, a la militancia: a la transgresión. A la justicia. Por amor a la instransigencia. Porque la intransigencia –como dijo Alicia Eguren, tambien poeta- nos da poder. La instransigencia nos mantiene vivos, nos mantiene firmes en unos valores que el sistema (que genera exclusión, hambre, marginalidad, pobreza, y silencio) tacha de „subversivos“. Alzar la voz (ser poeta) es siempre subvertir un orden. Hablar es ya ser „subversivo“.

Más allá de los valiosos juicios de derechos humanos, existe algo que el Derecho mismo –la „Justicia“ en si misma- no puede reparar. En esos márgenes y vacíos de lo que la Justicia (argentina) no repara, aparece la poesia con su palabra. Con su „subversion“. (Cuando se le pide a los jovenes que „no se metan“, que „no se „politicen“, que no hagan „bardo“, se nos está pidiendo que no hagamos „poesia“, que no pensemos, que no nos volvamos „subversivos“, que no hagamos –de nuevo, recuperando la palabra subversiva, poética, que no pudo ser desaparecida- „subversión“. La palabra de los desaparecidos que se recupera en estas colecciones de poemas que edita Axat no es una palabra muerta: es una palabra viva. Una palabra que está más viva que nunca. Que es más „subversiva“ que nunca. Una palabra que nos quema las manos, que dice, que grita)

La poesia lucha contra los silencios (y contra los eufemismos) que emplean los abogados. El Derecho calla. La poesía no. La poesia lucha contra el eufemismo. Lucha contra el lugar común del lenguaje que no dice nada. Lucha contra los ritualismos formales. Contra la formalidad del Derecho. Contra el formalismo inconducente debajo del cual se esconde el sufrimiento. Un derecho poético es un Derecho con mayor sensibilidad, con mayor empatía, con más ojos, vivo, con mayor lugar para las emociones. Para la „parcialidad“. Para la palabra.

Como dijo Julián Axat hace muchos años, en la presentación del libro de Pargas, „nosotros -como abogados- no somos mercenarios, somos poetas“. Y lo que define al poeta es que su palabra no se vende. No se negocia. No tiene precio. No se puede comprar. Por eso es un „riesgo“ para el sistema. Un „peligro“ de una „subversión“ latente (poética) que se avecina. Una „subversión“ que vuelve. Que puede volver. Por eso es probable que una vez más a los abogados poetas nos llamen, otra vez, en pleno siglo XXI, (a los hijos y nietos, „Guido, vos también sos un Hijo“, me dijo Julián alguna vez) „subversivos“. Que volvamos a escuchar esa palabra sobre nosotros. Que nos vuelvan a llamar –caratular- así. (Jóvenes-abogados-poetas) „Subversivos“. El lenguaje jurídico calla muchas cosas, pero la poesía no puede callar. No está para eso.

Por eso el título del poema (en forma de preguntas) que Julián escribe para su papá desaparecido se llama Hamlet Hubieras. Es un poema-pregunta (todo poema es una pregunta). „Y vos qué hubieras hecho padre de no haber desaparecido“? „Ser o no ser“, esa es la cuestión final para el poeta, pero también lo es para todo abogado que se precie de „justo“: ser o no ser, todos los dias se debe tomar esa decisión dificil: elegir „ser“ implica riesgos. Implica decisiones. Implica palabras. Muchos abogados eligen no ser. Para los poetas la decisión posible es una sola. Hacer justicia. Hacer poesía. Elevar la voz. Hacer palabra. Tener valor. Correr un riesgo. Enfrentar un peligro. Subvertir un (el) orden que nos mantiene –y nos quiere- callados.

Luego de la presentación de ese libro de poemas, Eduardo Duhalde me llevó en su auto hasta mi casa. En un semáforo en rojo, y con las manos bien aferradas al volante del auto Vento Gris, con la mirada perdida en una avenida llena de autos, dijo Duhalde de repente „ves, Guido que los desaparecidos no es que no están?“. Yo me limité a guardar silencio. Pero él repitió: „los desaparecidos están, Guido. Están.“

Guido Leonardo Croxatto

gcroxatto@zedat.fu-berlin.de

LA LEGITIMIDAD DE LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD – NOTA DE OPINIÓN EN PAG/12

El derecho de defensa de los acusados de delitos de lesa humanidad es el lugar sobre el que descansa la legitimidad de los juicios de derechos humanos; es allí donde se resuleven las tensiones que denuncian los sectores que se oponen al juzgamiento y pretenden reprochar venganza o sustituirla por una mera reconciliación. La defensa en juicio del imputado por ejercicio de mal absoluto es la oportunidad única del Estado de Derecho, de dar posibilidad de creencia a las versiones de los que se pretenden inocentes de aquella impitación pero mas tardes son condenados. Toda la legitimidad descansa en la defensa que el Mal no ha brindado y la justicia da.

VER: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-280828-2015-09-03.html