Resumen: La presente columna intenta dar cuenta del testimonio de los hijos e hijas de desaparecidos en los juicios de lesa humanidad a partir de la utilización de diversas manifestaciones y registros artísticos. Ello, a partir del relevamiento de determinados casos, analizando el cruce entre archivo jurídico y artístico, y la construcción de una función performático personal, como modo de puesta en relato de distintas trayectorias en el marco de la escena del juzgamiento al terrorismo de estado.
El largo poema, titulado El proletariado volador, fue escrito en 1925 por Vladimir Maiakovski. Está ambientado en 2125 y trata sobre una gran batalla aérea con rayos de la muerte y armas similares entre el proletariado soviético y las fuerzas burguesas norteamericanas. Estas últimas llevan la delantera hasta que los mismos trabajadores norteamericanos se rebelan contra su gobierno. El futuro imaginado por el poeta es puro bienestar y ultratecnología. Las máquinas realizan todo el trabajo y los ciudadanos se dedican al ocio.
Hay un acuerdo bastante asimilado entre los operadores del sistema penal de la infancia de nuestro país en que, desde la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño (aprobada en 1990 por ley 23.848), los antiguamente llamados “menores” pasen a ser denominados legalmente “niños, niñas y adolescentes”, léase sujetos privilegiados del ámbito protectorio de derechos humanos. No se trata de una mera nominalidad sino de dejar atrás el Patronato que rigió durante los siglos XIX y XX, dejó huellas culturales y sus resabios aún siguen vigentes.
La lucha por los derechos de la infancia implica hacer cuerpo las declamaciones en cada acto administrativo y jurisdiccional. Erradicar modos y prácticas es un activismo del día a día, pues el cambio de paradigma hacia el sistema de protección integral implica un cambio en el trato del “menor” objeto de tutela al “niño” sujeto de derechos.
Esta verdad de Perogrullo para cualquier entendido en la materia no parece ser entendida por algunos diputados de La Libertad Avanza, para quienes sería necesario retroceder a antes de 1990 y utilizar un sistema conceptual que el Estado de derecho (al menos desde lo formal) ha intentado dejar de lado.