Ética y Acceso a la justicia – Por Adolfo Villate *

Ética y Acceso a la justicia – ¿Por qué son necesarias las políticas de profundización del acceso a la justicia?

Hace poco tiempo, cuando Julian Axat me invitó a participar en la inauguración del Programa ATAJO en la ciudad de Rosario, sostuve que la necesidad de su existencia venía dada, a mi criterio, por la fragilidad de los lazos de confianza de la Sociedad hacia el aparato de administración de justicia. La circunstancia de que en los barrios el más claro representante del Estado es, en general, la policía y que es allí donde mayormente el sistema penal recluta a sus clientes, hacía necesario que hubiera otras formas de manifestación de la presencia del Estado vinculado más al goce de derechos que al padecimiento del ejercicio de su fuerza, pero que además en ese camino, actuara visibilizando un interés del Estado por esas personas a las que el sistema históricamente ha dejado prácticamente en el abandono e intentando reducir la violencia implícita de tal exclusión.

Es evidente que la calidad y extención de la democracia y el Estado de Derecho se expresan y manifiestan por medio de distintas variables según el ámbito de actuación de que se trate.

En lo que refiere al ámbito de los operadores del sistema de administración de justicia penal hablar del acceso al sistema implica hablar de la extensión de los procesos democráticos al interior del mismo. Tal alcance se puede medir en función de los sujetos que pueden participar en su funcionamiento, sea como sujetos activos, entendiendo por tales a aquellos que pueden demandar una respuesta al sistema de justicia, o pasivos -los que son objeto de su acción, aquellos sobre los que posa su atención-.

Siendo ello así, puede pensarse que hay medios de reducir la cantidad de sujetos que gozan del sistema -por ejemplo, la proscripción política, la represión estatal-, y otros que tienden a ampliarla.

En cuanto hace a los sujetos activos puede sostenerse que cuanto más amplia sea la cantidad de personas que puede acceder a la posibilidad de obtener una respuesta de la administración de justicia, mayores son las espectativas y demandas que se ejercerán sobre el mismo; mayor será la exigencia de respuestas acordes de parte de todos los que acuden a su auxilio. Pero además, mayor será la necesidad de que los que solicitan una respuesta judicial conozcan el modo apropiado de acceder a la misma. En una situación ideal, podría pensarse que el sistema de justicia, la democracia y el Estado de Derecho mismo, son un juego dotado de reglas claras y determinadas y que los jugadores conocen las reglas de ese juego, pero además cuentan con el derecho a que se los informe acerca de ellas y la garantía de que esas reglas se cumplirán.

Sucede sin embargo que en realidad por razones sociales, políticas y culturales muchos jugadores que están inmersos en el juego nunca fueron claramente instruidos acerca de su funcionamiento, y muchos otros jugadores a fin de mantener su supremacía en él nunca tuvieron interés en revertir esta situación; por el contrario se aprovecharon de ella.

Aquí vemos cómo la realidad nos pone en un lugar distinto a aquel en el que debíamos encontrarnos y cómo el respeto de los derechos y garantías que implica el cumplimiento de las reglas del juego no puede darse por supuesto. Advertimos entonces la existencia de grupos de jugadores -ciudadanos- en clara inferioridad de condiciones en cuanto hace al conocimiento de cómo funciona el sistema. Para peor, en función de procesos de selectividad penal producidos de facto -que no es del caso analizar aquí-, resultantes de cualquier cosa menos de políticas criminales fijadas en función de pautas preestablecidas, resultan ser los más asiduos clientes del sistema.

El acceso a la justicia desde el punto de vista activo asume entonces un rol preponderante como agente igualador acerca del conocimiento de las reglas del juego, informando acerca de éstas, guiando a los ciudadanos menos expertos en el disfrute de herramientas con las que cuentan pero de cuya existencia desconocen, además de que el rol del acceso a la justicia implica también la visibilización de problemáticas de otros grupos de personas vulnerables, como ser pobres, minorías raciales o sexuales etc. Ese es el rol que, como dije, asumió el programa ATAJO de la Procuración General de la Nación.

Puede traducirse también el acceso a la justicia como la posibilitación, la habilitación de espacios de construcción de justicia que tradicionalmente no hubieran sido factibles, y aquí entramos en la faz pasiva del acceso a la justicia.

En nuestro país los procesos de construcción de memoria, verdad y justicia son un ejemplo claro de ello y del logro de la ampliación de la base democrática en el seno de un poder conservador del Estado que no se ha caracterizado por su apertura a generar cambios. Luis Bruchstein mencionaba recientemente en relación a esos procesos que son “…un testimonio de heridas que se elaboran como parte de un proceso social, cultural y político que puede convertir el dolor en aporte ciudadano…” y que la experiencia ética de los organismos de derechos humanos importa “…riesgos que se asumen, de costos que se pagan, de luchas siempre desiguales que se pierden y se ganan. No hay una construcción ética en el aire…”

También se inscriben en esa lógica, los procesos de inclusión en el sistema de justicia penal de aquellos que por su posición de poder se encuentran directamente vinculados a aquellos discursos que tradicionalmente hegemonizaron la cultura judicial. Los genocidas -de acuerdo a la concepción tradicional- en primer término y genocidas económicos ahora, son grupos delincuenciales que la estructuración y tipificación propia del sistema de justicia no perseguiría sino fuera por una clara y decidida política en ese sentido. Una política como esta pone en crisis y en cuestión las estructuras de poder históricas del sistema y constituye un impulso democratizante de la persecución penal en términos de sujetos pasibles de ser sometidos a él. Un ejemplo claro de esto es la labor de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Procuración General de la Nación, porque avanzó sobre la responsabilidad penal de distintas lógicas del mercado que, en el supuesto goce de una libertad mal entendida, puso en jaque a nuestra democracia y, otra vez, por sus consecuencias, se constituyó un agente reductor de acceso a la justicia.

A la justicia se accede no sólo logrando que una mayor cantidad de individuos conozca cuáles son las ventajas que el sistema les puede brindar, sino también asegurando que aquellos que en función de su posición de privilegio nunca fueron sometidos al sistema de justicia, lo sean.

El carácter ético de la promoción del acceso a la justicia como amplificación de los actores de la vida democrática, nos enfrenta a la obligación de llevar adelante banderas incómodas que por esa misma razón, requieren de una fuerte convicción.

La generación de mayor cantidad de discursos que disputen democráticamente la hegemonía constituida por medio de la inclusión de nuevos actores, no es otra cosa que la invitación a que disputen poder; en tanto esa conducta ética de generar mayor acceso activo y pasivo a la justicia constituya una posición hegemónica, lejos de encaminarnos a recortar poder democrático, las políticas en este sentido fortalecerán los procesos de acceso a la construcción de un poder mayoritario y generará las condiciones para su propio recambio.

La tradición jurídica se constituyó a partir de la eliminación de algunos factores antinómicos, de la reducción de los discursos que pusieran en cuestión al sistema. Un ejemplo de ello son los discursos que sostienen el poder de las policías como proveedores monopólicos de insumos del aparato de justicia y no logran independizarse de las agendas impuestas por las fuerzas de seguridad a las que les resulta funcional la ausencia de políticas criminales claras que se ejecuten efectivamente. No es causal que estén implicados en este asunto las dos instituciones menos tocadas de nuestra democracia: policía y justicia. Hacia ellas debemos dirigir nuestras miradas y nuestra acción.

Por todo ello, los procesos de acceso a la justicia empiezan a revelar y a trabajar sobre las deudas de la democracia, tal vez no en sentido de olvidos, sino de avances pendientes sobre capas de negación de justicia -inclusión en sentido activo-, y capas de impunidad -inclusión en sentido pasivo- sobre las que hasta el momento -por diversos factores cuyo análisis resultaría sumamente complejo realizar aquí-, se encontraban intactos. Lo contrario de olvido es memoria. Los procesos de ampliación de la base de sustentación de nuestro sentido de la democracia tiene el efecto acumulativo de sumar y construir sustratos, bases de procesos más profundos y de mayor calidad de Estado de Derecho. Conforman modos de construcción de una historia democrática, de una memoria. Empoderando a quienes desconocen sus derechos como ciudadanos sumamos personas dispuestas a sostener y defender ese camino, como único lugar en que ellos pueden seguir siendo gozados, y como modo de pasar de la lógica de suprimir la democracia para defenderla a ampliarla para que sea la sociedad la que se embandere en su defensa.-

Como dijimos, someter a las reglas del sistema a aquellos que por razones generalmente vinculadas al poder lograban zafar de ellas, constituye otro modo de acceso a la justicia. Es por ello que cobra tanta importancia el establecimiento de políticas criminales por parte del Ministerio Público Fiscal que vayan en este sentido y que logren despegarse de la agenda siempre impuesta por la realidad policial, mediática o de la selectividad propia hacia adento del aparato judicial. El nuevo sistema de enjuiciamiento penal no tendrá nada de nuevo si persiste en ser el ejecutor de esas lógicas. Se pueden sumar todos los conocimientos en materia de gestión al sistema de enjuiciamiento, pero su éxito siempre va a estar condicionado al triunfo del cumplimiento de pautas de política criminal que tengan en cuenta las posibilidades reales del sistema por sobre la imposición de la agenda diaria, mayormente dictada por las fuerzas de seguridad. Así como en la relación entre Economía y política ésta última debe tener primacía sobre la primera, la política criminal fijada por el Ministerio público Fiscal debe primar sobre la agenda impuesta por la policía, ese es el gran desafío.

Tal vez el último bastión de ese camino sea el acceso a la justicia internacional tanto en el caso de delitos propios de la competencia internacional, como en el supuesto de la posibilidad de ceder espacios de la competencia nacional cuando se trata de delitos transnacionales, como se ha esbozado en el proyecto de creación de una Corte Penal de Unasur. También esas son formas de ampliación de la base de sustentación de las democracias en tanto el resto de los estados parte asumen reciprocamente la salvaguarda de los Estados de Derecho individuales por medio de la construcción de un espacio común.

De igual modo es por ello que las políticas de acceso a la justicia constituyen un mandato ético de coherencia y sostenimiento en el tiempo, como lo demuestra por ejemplo la lucha de las Madres por el acceso a la justicia y se imbrican con la legitimidad de la justicia. Porque al menos en principio resulta poco factible que aquellos operadores del sistema que estructuraron, dieron vida, sostuvieron un modo determinado de obrar del mismo puedan ser -de no mediar un profundo cambio en la forma concebir a la administración de justicia- los que lleven adelante las banderas de una justicia nueva, más inclusiva de quienes gozan y en quienes padecen su imperio.
* El Dr. Adolfo Villate es abogado, fiscal federal gral de Rosario.

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