Poder popular y justicia para todos – por Esteban Rodríguez Alzueta

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“La Máquina de convalidar letras y firmas, sabemos, trabaja por inercia, se come a los pibes, deja charcos (…) La Máquina de convalidar letras y firmas avanza y avanza (…) busca sujetos blanditos y se los come con furia. La Máquina de convalidar letras y firmas ha llegado a su fin, repito… La Máquina de convalidar letras y firmas ha llegado a su fin, con estas letras afirmo”

Julián Axat -“Teoría sobre el lenguaje docto” en Servarios (2005)

“Si no hay justicia hay escrache”, ésa fue una de las consignas que nos sostuvo a todos aquellos que hicimos nuestras primeras militancias durante el menemismo. Si los jueces no juzgaban había que imaginar formas creativas para resguardar la memoria y perseguir la verdad que pretendían monopolizar los magistrados. La consigna tiene un valor agregado, sin la cual era impensable la práctica que amenazaba con realizarse.

Esa palabra no dicha hay que buscarla en el sujeto que pronuncia la consigna; hay alguien que gritaba: “Si no hay justicia, hay escrache”. Es decir, detrás del escrache había una organización colectiva. Sin organización no había escrache y tampoco, por añadidura, había justicia. La disputa por la justicia reclamaba la organización colectiva. De modo que cuando no hay organización y cunde la injusticia, puede haber estallido o resignación, y por ende más injusticia. La injusticia no determina la lucha por la justicia. Para decirlo con las palabras de Marx: el hombre necesita más de la dignidad que del hambre.”

El poeta José Martí dijo que “los derechos se tienen cuando se los ejerce”. No basta entonces contar con un ordenamiento adecuado a los estándares internacionales de derechos humanos si los actores no pueden ejercerlos. Y tratándose de los ciudadanos en desventaja, la frase se completa con la organización colectiva. Digo, “no hay derechos sin organización colectiva”.

La misma organización que fue necesaria para conquistar los derechos es la que luego se necesitará para poder ejercerlos. Aquellos ciudadanos objeto de la discrecionalidad de las redes políticas clientelares, de la brutalidad policial, de la desidia del empleado administrativo que los condena a hacer largas e interminables colas, ciudadanos objetos de la burocracia judicial, tendrán serias dificultades para hacer valer sus derechos si no lo hacen de manera organizada. Su estatus jurídico fue devaluado. En efecto, una de las consecuencias del neoliberalismo, un efecto de larga duración, es lo que en otro lugar hemos denominado la desciudadanización.

La brecha social se tradujo en una brecha jurídica. Las necesidades básicas insatisfechas tienen su correlato, como bien dijo Julián Axat, en las “necesidades legales insatisfechas”. La fragmentación social y el declive de lo político creó condiciones para incapacitar (jurídicamente hablando) a los actores más vulnerables para que puedan hacer valer sus derechos.

Cuando existen miles de puertas para acceder a la justicia, no existe un acceso directo, y estamos condenados a errar. ¡Es ley de las burocracias! Los caminos se bifurcan y los ciudadanos empezamos enredarnos en un laberinto que nos irá alejando a medida que vayamos avanzando. Una vez adentro, atrapados en su red, sólo podremos aspirar, en el mejor de los casos (como dijo alguna vez Kafka), a una “prórroga indefinida”.

ATAJO (Agencia Territorial de Acceso a la Justicia), un programa de Acceso Comunitario a la Justicia dirigido por Julián Axat, creado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación a cargo de la Procuradora General Alejandra Gils Garbó y militado por muchxs promotores con otra sensibilidad social, busca poner a la justicia en otro lugar.

Se trata no sólo de poner a la justicia más cerca del pueblo sino de anticiparse a los conflictos que deberá atender con urgencia. Si es cierto que la Justicia se convirtió (por la pereza teórica de los jueces, la modorra intelectual de sus empleados públicos, el oportunismo económico de los abogados y la revancha de clase de todos) en una “máquina de convalidar letras y firmas”; si es cierto que los jueces y fiscales delegaron la investigación en las policías, eso quiere decir que el poder judicial está al servicio de la policía.

Acceder a la justicia implica empoderar a los ciudadanos, interpelar a las organizaciones para que acompañen a sus vecinos en los reclamos, por más privados que sean éstos, en el ejercicio de sus derechos. Acceder a la justicia implica disputar a las policías el manejo de la información para luego interpelar a los fiscales y los jueces a que realicen su tarea.

ATAJO no sólo busca ganarle de mano a la policía para poner a trabajar a los fiscales y magistrados, sino interpelar y acompañar a las organizaciones sociales en la agregación y representación de intereses los actores que participa. Si la justicia no puede ser un privilegio que se organice en función de la capacidad económica de los ciudadanos para contratar los servicios de los abogados caros con contactos, si la capacidad de consumo no tiene que ser la medida para determinar los derechos de los ciudadanos, hay que sobreproteger a los actores en desventaja. ATAJO es la expresión de la voluntad política para cuidar y agregarle dignidad a los actores en situación de vulnerabilidad.

El desafío no es sencillo y demandará tiempo. Meterse con las prácticas regulares que constituyen el ADN de las instituciones necesita compromiso y militancia. Sus protagonistas saben que las cosas pueden funcionar por un tiempo a fuerza de voluntad.

Pero el sostenimiento de las políticas públicas necesita no sólo liderazgos políticos sino de planificación institucional. En tiempos electorales y de demagogia política, hay que hacer malabares para sostener una experiencia semejante. Más aún cuando sus referentes están en la tapa de los diarios y reciben los embates de una prensa que juega a todo o nada, y convierte cada apuesta reformista en una conspiración.

(Esteban Rodríguez es docente e investigador de la UNQ y autor de “Temor y control: la gestión de la inseguridad como forma de gobierno”. Además es miembro del CIAJ y de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional)

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