Nota del defensor de Santa Fe Gabriel Ganon al vicegobernador de Buenos Aires Gabriel Mariotto

Santa Fe, 5 de Setiembre, 2012

Al Sr. Presidente del Senado

de la Provincia de Buenos Aires

Vice- Gobernador

Licenciado Gabriel Mariotto.

De mi mayor consideración:

Por medio de esta carta quiero hacerle llegar a Usted mi opinión en relación a la eventual modificación de la ley 12.061, para otorgarle al Ministerio Público de la Defensa, autonomía e independencia. He tomado conocimiento que se discuten varias alternativas y que todas pretenden, al menos desde su declaración de principios, jerarquizar y democratizar a la Defensa Pública.

Sin embargo, como se sabe, ni las leyes ni las palabras son suficientes para materializar las realidades que simbolizan. Lenguaje y realidad no encajan armónicamente por arte de magia. Sus frecuentes disonancias se reflejan a menudo en discursos y acciones de gobierno.

Acaso por eso, los santafesinos, principalmente quienes continúan con sus derechos básicos y esenciales vulnerados, no han obtenido, desde el momento en que la Legislatura de la Provincia de Santa Fe se aprobó la Ley del Servicio Provincial de Defensa Penal en el año 2009, un mejor y más adecuado acceso a la justicia muy a pesar de que la ley estableció la autonomía, autarquía e independencia. Quizás,  fue sobrevalorada la función de esos principios creyendo que por si solos podrían dominar la historia y cambiar al aparato judicial santafesino.

Con las prueba al canto, debo decir que ,la Provincia de Santa Fe ,erróneamente decidió tomar el modelo de Defensa Pública del Centro de Estudios Judiciales paras las Américas. Este tipo de modelo de defensa pública, más allá de sus declaraciones de principios, es un arquetipo que se solo se preocupa por legalizar la aplicación de la violencia punitiva estatal. Así, poco le importa si se deja librada a su suerte, en el acceso a la justicia, a todas las personas vulnerables que pretendan reclamar por cualquier otro derecho que no sea el de la defensa técnica penal.

De ese modo, Santa Fe continúa siendo la segunda provincia, después de San Juan, con menos defensores públicos civiles cada 100.000 habitantes. Esta situación de desamparo judicial la podemos ver en cada uno de los distritos judiciales santafesinos donde miles de personas hacen largas filas en tribunales para poder acceder a una entrevista con un abogado. Así las cosas, este sistema imperfecto de acceso a la justicia no es más ni menos que una mera enunciación de principios vacíos, porque los sectores vulnerables ,como decía ,continúan sin tener acceso a la justicia.

Pero como si fuese poco, desde la sanción de la ley, y mi puesta en funciones, tampoco se ha podido materializar la declaración del principio y autonomía funcional que la ley del Servicio Publico Provincial de Defensa Penal declama. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia, continúa afirmando su rol de única cabeza del Poder Judicial Provincial. En el mismo aspecto, el órgano judicial ha peticionado a la Honorable Legislatura de la Provincia de Santa Fe, removerme de mi cargo atribuyendo “mal desempeño de funciones” y, en el que supuestamente “carezco de atribuciones legales” en mis funciones cuando intenté asumir la defensa de un menor, cuyos derechos habían sido vedados y vulnerados. Por el otro, el Poder Ejecutivo no solo no transfiere los recursos presupuestarios necesarios para materializar la autarquía financiera sino que se apresta a nombrar un nuevo Procurador(por fallecimiento de quien ostentaba el puesto anteriormente), para que continúe dirigiendo a asesores y los escasísimos defensores civiles.

Así las cosas, desde que me encuentro en funciones, ninguno de esos principios, autonomía, independencia y autarquía financiera, ha podido materializarse. En líneas generales, para ponerlo en negro sobre blanco, la provincia de Santa Fe ha continuado la reforma de su sistema judicial siguiendo los parámetros de transformación que se establecieron en los años 90 durante el Gobierno de Carlos Saúl Menem. En esa oportunidad, con la dirección de FORES y  financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, se elaboró el Programa Modelo para las Administraciones de Justicia Provinciales. Este modelo, es el ejemplo imperante que hoy puede vislumbrarse en la Provincia de Santa Fe. Un modelo judicial que tiene como idea rectora la inmediatez, la eficiencia, la oralidad, la calidad de gestión, la capacitación y la privatización del acceso a la justicia.

Lamentablemente, este ideal, omite tener en consideración que, como lo entendió el constituyente nacional al incorporar los tratados internacionales de derechos humanos y el artículo 120, el acceso a la justicia, el cual es hoy un derecho humano tan sustancial como el acceso a la salud y la educación que no sólo debe estar en manos, sino que debe ser ejercido principal y fundamentalmente por funcionarios estatales, y no tercerizados.

Por todo lo expuesto creo que la única ley viable que garantice debidamente no solo la defensa penal sino la defensa plena de los derechos de las clases vulnerables en armonía con los pactos internacionales de derechos humanos debe ser una ley que establezca plena igualdad entre el Procurador y el Defensor General de forma tal de alinear el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires con el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Sin otra consideración lo saludo atentamente

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